La Junta activó las medidas incluidas en el Plan de Prevención de Agresiones de la Consejería de Salud, que incluye asistencia jurídica y apoyo psicológico.
El Distrito Sanitario Poniente de Almería quiere mostrar su más absoluta repulsa ante la agresión sufrida por una trabajadora del centro de salud del municipio de Berja. Desde el momento en que se produjeron los hechos, la Junta puso a disposición de la afectada todas las medidas de apoyo incluidas en el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía, que contempla asistencia jurídica y apoyo psicológico.
La agresión tuvo lugar el pasado día 8 de diciembre cuando la acompañante de una paciente agredió física y verbalmente a una de las profesionales del centro de salud. La trabajadora afectada interpuso la correspondiente denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
El Distrito Poniente manifiesta su absoluto rechazo a este tipo de conductas, que carecen de cualquier justificación y que deben ser censuradas por el conjunto de la ciudadanía. Es inaceptable que se increpe o agreda a profesionales de un servicio público.
Hay que recordar además que la agresión física o intimidación grave contra profesionales del sistema sanitario público en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.
La Consejería de Salud condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia pueden justificarse este tipo de actuaciones.
El Plan de Prevención y Atención de Agresiones del sistema sanitario público de Andalucía incluye tanto medidas preventivas para luchar contra los ataques como un protocolo de actuación una vez que se produce cualquier situación de violencia. Entre las medidas preventivas se encuentran la instalación de sistemas de seguridad (cámaras de videovigilancia, timbres avisadores, guardias de seguridad, etc) como formación para que los profesionales aprendan a actuar ante situaciones de tensión. En los casos en los que se produce la agresión, el plan contempla apoyo psicológico y asistencia jurídica para las víctimas.